Tras la declaratoria de esa medida por parte del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, la mañana de este miércoles, varias organizaciones sociales y partidos políticos la calificaron de ilegal por no estar justificada en una de las causales previstas en la ley.

De acuerdo con la carta magna, la muerte cruzada se puede aplicar si la Asamblea Nacional se arroga funciones, si el órgano legislativo obstruye el Plan Nacional de Desarrollo, o por una grave crisis política y conmoción interna.

En este sentido, los exasambleístas Esteban Torres del Partido Social Cristiano y Yeseña Guamaní de Izquierda Democrática presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la CC.

Si el decreto carece de legalidad la Asamblea se mantendrá en pie con las expectativas de los ecuatorianos estos dos años, pero si por el contrario el documento tiene la validez por parte de la CC, nos iremos a elecciones, reiteró Torres al hacer entrega formal del documento en la sede de la institución pública.

Por su parte, el expresidente del Parlamento Virgilio Saquicela aseguró que el pronunciamiento de la CC es un tema de urgencia nacional porque el poder Legislativo quedó disuelto sin existir la conmoción social de la cual habló el jefe del Ejecutivo.

De igual manera, el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leónidas Iza, reiteró que pese a que el decreto de muerte cruzada es un mecanismo establecido en la Constitución, en este contexto no es justificada su aplicación pues no demuestra la existencia de la causal de conmoción social y crisis política, denunció el líder indígena.

A propósito, la Conaie se declaró en vigilia permanente ante los recientes sucesos políticos en el país andino y aunque no realizó un llamado a movilizaciones, sus miembros anunciaron que estarán atentos ante las decisiones del gobierno de Lasso y en defensa permanente de los intereses del pueblo ecuatoriano.

Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral ya anunció que convocará a elecciones generales anticipadas antes del 24 de mayo, es decir, en siete días, como determinan las normativas para estos casos.