Desde el anuncio de las transformaciones relacionadas con la bancarización y la gestión financiera se ha creado un aumento acelerado de la negatividad de actores económicos a aceptar pagos digitales, o a reducir el monto de lo que le aceptan a cada consumidor.

Límites en la mayoría de los casos de 500-1000 pesos, denuncian jobabenses desde hace días. Ni siquiera se trata de un límite lógico de unidades o productos, sino de cantidades que ni siquiera cubren surtidos básicos que se ofertan.

Este no es un tema desconocido por las autoridades locales e instituciones encargadas de velar por la legalidad: Gobierno Local, Bancos, Finanzas y Precios, Supervisión (inspectores), Dirección de Trabajo, ONAT… . Denuncias directas, indirectas, personales, colectivas, en espacios físico y en redes, son habituales desde hace mucho tiempo, e incrementadas desde hace par de semanas para acá. Es de lo que más se habla en la calle, imagino que los estados de opiniones que se recopilan diariamente lo tengan implícito con marcador en rojo.

Es un tema complejo y desesperante, especialmente para miles de trabajadores que perciben su salario en tarjeta. Si complicado se torna ese salario que no alcanza, peor es que lo poco que se gana con el esfuerzo diario de una labor insuficientemente remunerada tampoco se pueda gastar porque los que ofrecen un servicio no quieren dinero digital.

Incluso, no pocos casos se han visto en los últimos días de que aún con efectivo en mano, solo por ser billetes de baja denominación igualmente encuentran la negativa de aceptarlos.

Lo preocupante está en que denuncias van y denuncias vienen, multas, apercibimientos, reuniones, explicaciones, llamados a denunciar… y todo sigue igual, o empeora.

Que existen problemas que limitan el acceso de los actores económicos a acceder al efectivo, y que hay mayoristas que no venden a minoristas si no es en efectivo, se sabe también, se ha denunciado… y sigue el problema, y por lo que reflejan las normativas recientes, más bien legalizan esa forma transaccional.

Si aún reduciendo el costo del pago en línea, e incorporando incentivos a los actores económicos, estos lejos de asimilarlos, arrecian la negatividad ¿Qué queda? ¿La obligatoriedad de hacer cumplir la legislación vigente, por parte de quién o quienes?

Tanta permisibilidad en un contexto en el que se vive, aún cuando se quiera dar imagen de normalidad y expectativas de que podemos mejorar, refleja que si en condiciones de limitaciones no se cumple lo establecido, con más libertades si no se aplica “mano dura” la ley solo quedará en papeles.

Los actores económicos privados si bien tienen el complicado problema de tener que acceder a sus compras mayoristas en efectivo, tienen que entender algunos aspectos:

-No le están haciendo un favor al que le venden, le están prestando un servicio y ellos son quienes sostienen su negocio.

-Cuando presentaron y aprobaron su negocio estuvieron de acuerdo con las reglas del juego sabiendo todos los riesgos que ellos implica (pago digital por medio), entonces, una vez que usted acepta algo, tiene que cumplirlo.

-Si se trata de limitar, por qué en vez de limitar a montos que no alcanzan para un solo producto básico, no cambian el enfoque y limitan el número de productos a comprar. Ningún trabajador con su salario mensual puede adquirir más de dos o tres pomos de aceite, a algunos ni siquiera les alcanza para un paquete de pollo.

La población, hablando claro, ha sido demasiado tolerante tanto con los vendedores negados a aceptar pago digital como con las autoridades que hacen de oídos sordos ante el problema. Y estos segundos sí están obligados a hacer que se cumpla la ley y a buscar una solución urgente, de lo contrario, sobran.