En Jobabo, municipio del sur de Las Tunas, el salario estatal dejó de ser hace tiempo sinónimo de estabilidad. Un trabajador del sector presupuestado percibe, en promedio, entre 2200 y 5000 pesos mensuales, algunos un poco más, una cifra que se pulveriza ante la realidad de los precios. Las chequeras de los jubilados, que se tambalean entre los 2200 pesos y 4 mil pesos para un sector profesional que va emigrando hacia el sector privado a trabajar como vendedores porque no les da la cuenta, reflejan un fenómeno creciente ante la búsqueda desesperada de ingresos extras para poder sostener la familia.

La inflación no es aquí un concepto abstracto. Es el aumento semanal del precio del pollo, del aceite y del arroz. En un territorio con bajo desarrollo productivo y limitada generación de ingresos, suben los precios mientras los salarios se mantienen estáticos. Durante un reciente intercambio en la plenaria de la economía municipal, Leonardo Murillo, director de finanzas en Jobabo, insistió que hay que ir con más fuerza  las violaciones de precios, en especial a esos actores económicos que tienen subidas drásticas y que no tienen como demostrar una ficha de costos y gastos que sustenten tal alza.

“El dinero alcanza cada vez para menos. Un trabajador estatal gasta el 100 % de su salario solo en alimentos, y eso sin garantizar la proteína”, esto lo sustenta una jubilada que el sábado sacaba sus últimos pesos de la cartera para comprar viandas.

Comité de concertación y un problema adicional

El Comité de Concertación de Precios del municipio, liderado por Miguel Quesada Clark, viceintendente del CAM (Consejo de Administración Municipal), se reúne periódicamente para frenar la especulación, pero se topa con un dilema estructural. En entrevista para este reportaje, Quesada Clark explicó: “Se nos presentan problemas graves en los campos. Los insumos como fertilizantes, semillas mejoradas y combustible suben constantemente de precio, y eso significa que los productores tienen altos costos de producción. No podemos exigir precios bajos si ellos mismos compran caro”. El funcionario reconoce que la concertación topa con una realidad que escapa a las actas y las voluntades.

Sobre el terreno, la voz del campesino Iván Barbán confirma esa situación. Barbán, que cultiva viandas y hortalizas en un el polo productivo y es de los que más recursos recibe, relató: “Gasto decenas de miles de pesos haciendo guardia a mis sembrados. Pago dos o tres vigilantes. Eso encarece bastante mis producciones”. La anécdota del agricultor evidencia un problema adicional que el Comité no puede resolver de inmediato.

Frente a este panorama, la alternativa más viable no es esperar subsidios que no llegan ni decretos que se incumplen. Es la recalibración individual hacia el sector privado, aunque duela en las vocaciones. Es el caso de una doctora que dejó la salud para trabajar en una mipyme, profesional, cuyo nombre omitimos por petición expresa, ejercía como médica con un salario inferior a los 6000 pesos. Hoy, es dependienta en una pequeña unidad de productos. “Me da vergüenza, pero la verdad es que como vendedora gano el triple. Atiendo gente igual, pero ahora puedo darle de comer a mis hijos”, confesó. Su historia se repite entre profesionales que emigran hacia el comercio o los servicios privados.

La alternativa más viable no es un plan macroeconómico inalcanzable, sino un conjunto de acciones locales encaminadas a  fomentar bancos de insumos para campesinos, reducir la burocracia para crear empleos en el propio municipio y establecer una canasta básica local con precios concertados y monitoreo real.

Leonardo Murillo lo resume así: “Jobabo no puede esperar soluciones de La Habana que demoran años. Necesitamos incentivar la producción local, reducir pérdidas postcosecha y dar créditos a los agricultores. Mientras tanto, la gente seguirá resolviendo como pueda, y el dilema de llegar a final de mes seguirá siendo un balanceo entre el salario estatal y la supervivencia por cuenta propia”.

La economía jobabense, como tantas otras en Cuba, se debate entre cifras oficiales y realidades de mostrador. Y el final de mes, cada treinta días, vuelve a ser una pregunta sin respuesta fácil.