En los últimos dos años se han arrendado en Jobabo decenas de locales, infraestructuras productivas y de servicios, equipamiento agrícola, medios de transporte… y se han contratado servicios y productos de actores de económicos no estatales por parte de entidades e instituciones estatales, empresariales y del sector público, sin embargo, si bien han existido las correspondientes contrataciones, como es lógico, no ha habido una sola licitación pública que brinde transparencia y oportunidades en esos procederes.

Una mirada al del ciudadano de este municipio y perfiles en redes sociales del propio gobierno local y el resto de las entidades implicadas, corroboran que no existe información pública al respecto. Algo oscurece un tanto el tema y deja un vacío lógico a un procedimiento que si bien se exige con rigor ahora en las normativas vigentes es algo que se viene alertando desde hace mucho más tiempo.

Las transformaciones económicas y sociales que vive el país han reconfigurado profundamente el mapa de los actores que intervienen en la vida cotidiana de los territorios. Ya no se trata únicamente del Estado como proveedor casi exclusivo de bienes y servicios, sino de un entramado donde coexisten empresas estatales, formas de gestión no estatal, cooperativas y trabajadores por cuenta propia. Ese equilibrio, todavía tenso y en construcción, define hoy la manera en que instituciones, empresas y ciudadanos acceden a lo que necesitan para funcionar.

En ese contexto, la mayoría de las instituciones sociales han ido migrando hacia la adquisición de servicios y productos que ofrecen los actores privados y cooperativos por una necesidad práctica. La mayoría de las veces encuentran allí precios más favorables y diversidad de ofertas que el sector estatal, lastrado por limitaciones materiales y burocráticas, no logra igualar.

Y esa diversidad, conviene decirlo, merece una valoración más serena y menos prejuiciada de la que suele hacerse. No se trata de idealizar al sector privado ni de satanizarlo, sino de reconocer que su irrupción en el tejido económico introduce competencia, opciones y márgenes de elección que antes simplemente no existían. Bien regulada y bien canalizada, esa pluralidad puede convertirse en un motor de eficiencia y no en una fuente de desorden.

Sin embargo, ese tránsito hacia un modelo más plural no puede quedar librado a la improvisación, al contacto personal o a la discrecionalidad de quien firma un contrato. Aquí es donde entra en escena un instrumento decisivo: la licitación pública.

Se trata, ni más ni menos, del mecanismo que permite transparentar el proceso de compra y contratación, comparar ofertas en igualdad de condiciones y dejar constancia documental de por qué se eligió a un proveedor y no a otro.

Las razones para exigir licitaciones públicas son varias y todas urgentes. Primero, previenen la corrupción, porque reducen el espacio para el favoritismo, el sobreprecio y el amiguismo. Segundo, evitan la concentración de servicios en pocas manos, un riesgo real cuando el mercado local es pequeño y los proveedores, escasos. Tercero, permiten escoger mejor aquello que realmente se adapta a las necesidades de la institución solicitante, y no lo que simplemente está disponible o le conviene a alguien.

A esas razones se suma una cuarta, no menos importante: la agilidad. Una licitación bien diseñada no tiene por qué ser un laberinto de trámites interminables. Al contrario, cuando existen reglas claras, plazos definidos y criterios objetivos, el proceso se vuelve más rápido y predecible que la negociación informal, esa que a veces parece más expedita pero termina generando demoras, reclamos y dudas, dudas que pueden romper la credibilidad institucional.

Lamentablemente, en Jobabo estos aspectos han fallado de manera reiterada. Lo más preocupante, y conviene subrayarlo sin rodeos, lo dije al inicio, es que todavía aquí no se ha visto una sola licitación pública debidamente publicada. Ni en los medios, ni en los portales institucionales, ni en los espacios físicos de las entidades.

Ello revela que el mecanismo existe más en el papel que en la práctica, y que la cultura de la transparencia aún no ha echado raíces en la gestión económica del municipio.

¿Por qué si la asistencia social necesita proveedores de ropas, calzados, avituallamiento general y determinados surtidos para las personas en situaciones de vulnerabilidad, no publican una convocatoria para seleccionarlos?

¿Por qué si las empresas con medios de transporte quieren arrendar sus vehículos o establecer un modo de gestión colaborativo, no hacen pública una convocatoria que permita a cualquiera presentarse y competir por el contrato?

Igual pudiera suceder con una obra constructiva, una asociación empresarial para producir alimentos o gestionar infraestructuras en desuso, o una simple adquisición de insumos y productos para un centro educativo o asistencial.

Eso implica voluntad política, capacitación de los cuadros, publicación sistemática de las convocatorias y rendición de cuentas ante la población. Solo así el equilibrio entre actores estatales y privados dejará de ser un terreno pantanoso y se convertirá en lo que debe ser: una oportunidad para mejorar los servicios, optimizar los recursos y fortalecer la confianza ciudadana en quienes administran lo público.