Jobabo. – Con el objetivo de sentar las bases para una contratación agropecuaria eficiente para el año 2026, directivos y especialistas de este sector en Jobabo participaron en un seminario los suficientemente abarcador que se centró en los elementos técnicos y organizativos que deben definir el proceso contractual desde un enfoque administrativo.
El taller no partió de cero, sino que se nutrió de las experiencias y lecciones de ciclos anteriores, con análisis de antecedentes, vital para diseñar un mecanismo que responda con mayor precisión tanto a la demanda local como a los diferentes destinos dentro del entorno agroproductivo, evitando así repetir errores pasados.
Durante el encuentro, se manejó una proyección inicial que apunta a un aumento en el número de personas a contratar, estimado en alrededor de dos mil 608. No obstante, esta cifra fue inmediatamente contextualizada con una advertencia: no puede tomarse como un dato definitivo sin unaconciliación previa entre las cooperativas y los registros de tierra y pecuario.
Solo cruzando estos datos se podrá definir con exactitud quiénes son los verdaderos tenentes de las tierras que serán objeto de contratación, un paso fundamental para evitar asignaciones erróneas o sobreposiciones, destacó Alcides Aguilar Carrazana, delegado de la Agricultura en Las Tunas.
Enfatizó esta necesidad argumentando que la base territorial es dinámica. “Se ha seguido entregando tierra, otras se han devuelto a los fondos empresariales; es decir, que los números cambian”, señaló, añadiendo que no todos los asociados de una cooperativa son necesariamente sujetos de contrato, lo que complejiza la planificación.
En ese sentido, se criticó abiertamente la lentitud del proceso de conciliación en el territorio revelando que, de 28 formas productivas, solo tres han conciliado con el Registro de la Tierra y dos con el CENCOP, situación calificada como inadmisible, pues a esta altura del año el proceso debería estar completado al 100%.
La crítica vino acompañada de una directriz clara. Se exigió no seguir asignando números desde un escritorio, sino ir “finca a finca”. La evaluación debe hacerse en el terreno, junto a los asociados, para conocer de primera mano sus potencialidades, planes de siembra o cría, y capacidades reales, considerando que la contratación es un proceso escalonado entre comercializadores, cooperativas y sus miembros.
La coordinadora de Programas y Objetivos del gobierno provincial, Aída Rosa Rodríguez Núñez, fue contundente al respecto: “Hay que desterrar la contratación detrás de un buró”. Su declaración reforzó el mensaje central de que la planificación debe estar anclada en la realidad concreta de las fincas.
Otro eje temático fue el análisis del rol de los comités de contratación y de precios recalcando que son estas instancias las responsables de definir los destinos de la producción, valorar las particularidades del territorio, establecer las líneas a seguir según las normativas y fijar los cronogramas, cuyo límite nacional es el 15 de diciembre.
Aunque la fecha tope es diciembre, se instó a ser ágiles, aprendiendo de la experiencia del proceso anterior para el 2025, el cual se extendió hasta el primer trimestre del año, sobrepasando en casi tres meses el plazo oficial, dilatación genera incertidumbre y afecta la planificación productiva y comercial.
Se hizo especial énfasis en que los destinos de las producciones agrícolas deben priorizar a Acopio y con ello corregir una distorsión ocurrida el año pasado, cuando esta entidad apenas contrató alrededor de un 10% de la producción agrícola territorial y, lo que es más grave, comercializó menos de un 30% de lo poco que había contratado.
La situación de los renglones cárnicos y lácteos también fue abordada identificándose una mezcla de potencialidades y problemas, tanto objetivos como subjetivos, que tienen su raíz en el escaso protagonismo de las juntas directivas de las cooperativas para establecer un rol activo en el control, chequeo y acompañamiento a sus asociados.
La esencia misma del seminario fue el estudio profundo de la documentación oficial que define las directrices del proceso, por lo que se insistió en que estos documentos normativos deben estar en poder de todos los actores involucrados, especialmente los presidentes de cooperativas y los administrativos del sector, para garantizar que todos operen bajo los mismos lineamientos y no se cometan errores.
Aguilar Carrazana aportó una data concreta: existen 254 expedientes de tierra en proceso. Para estos casos, se instruyó que la comisión agraria debe otorgar la tierra en administración temporal, conciliar con las cooperativas correspondientes y contratar a los productores de inmediato según sus condiciones, para que puedan echar a producir sus fincas sin más dilaciones.
- Si bien el seminario se enfocó en lo técnico de las directrices, con énfasis en el autoabastecimiento territorial, se dejó claro que el proceso no puede ignorar el rigor jurídico, teniendo en cuenta que existen conflictos latentes, como los impagos y los incumplimientos mutuos entre productores y comercializadores, por lo que es vital que la objetividad contractual vele por los intereses y deberes de ambas partes, asegurando así la sostenibilidad de todo el engranaje de gestión productivo y comercial.
