Las Tunas.- Más de mil 450 núcleos de familias económicamente vulnerables de la provincia de Las Tunas han sido protegidos por la Asistencia Social en el primer mes de la Tarea Ordenamiento, como parte de la atención que se le brinda a todas aquellas personas sin ingresos o que no sustentan sus necesidades básicas.

En las 113 oficinas que existen en los ocho municipios de la provincia para tramitar esta actividad se valoraron hasta la fecha la solicitud de cuatro mil 114, mediante declaración jurada, pero una vez hechas las comprobaciones por los trabajadores sociales, los grupos que atienden la actividad determinaron que los restantes dos mil 659 núcleos no reúnen los requisitos.

Rachel Say Azan, subdirectora provincial de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, explicó que el personal encargado de aprobar la protección realiza una labor rigurosa. Para ello se tiene en cuenta la insuficiencia de ingresos monetarios, la no existencia de familiares obligados en condiciones de prestar ayuda, ni personas aptas para el empleo sin estar vinculadas; si hay ingresos económicos se aprueba la diferencia de la prestación de la Asistencia Social.

Entre las causas que más coinciden para denegar el beneficio están el existir en el seno familiar personas aptas para el empleo, sin estar vinculadas al trabajo, y tener ingresos por encima de las cuantías aprobadas por la Asistencia Social en dependencia de la composición del núcleo.

La Dirección de Trabajo y Seguridad Social en esta provincia ha solicitado más de tres millones de pesos para la protección de familias económicamente vulnerables, porque la política trazada por el país es favorecer a quienes realmente lo necesiten, para lo cual las comisiones responsables de esta misión deben ser rigurosas y justas en cada caso.

Las Tunas.- En el año 2020, los ganaderos de la provincia de Las Tunas incumplieron el plan de producción de leche, a pesar de los ingentes esfuerzos que realizaron varias unidades, como las Cooperativas de Créditos y Servicios Mártires de Omaja y Carlos Manuel de Céspedes, que superaron el millón de litros del alimento.

Jorge Luis Hechavarría Lozada, subdelegado del Ministerio de la Agricultura para la ganadería, informó que se acopiaron 21.6 millones de litros, de los 26.3 millones previstos, lo que representó solamente el 82 por ciento del plan.

Puntualizó el directivo que los incumplimientos más notables se concentraron en los municipios de Jobabo, Las Tunas, Manatí y Amancio, y que responden a varias razones objetivas y subjetivas; por ejemplo, debilidades en el proceso de contratación de las bases productivas con cada uno de los tenentes de ganado.

Hechavarría Lozada también mencionó la falta de control de las autoridades competentes y el ineficaz seguimiento de las entregas diarias, lo que propició intermitencia en la cantidad acopiada y favoreció que el producto no llegara a su destino final en la industria láctea o para su comercialización directamente en las bodegas.

Por último, refirió la deficiente base alimentaria de la mayoría de los productores, quienes no han asumido con total responsabilidad la siembra de comida para el ganado, y eso resulta muy peligroso en la etapa de escasas precipitaciones, pues descienden los niveles productivos por la mala nutrición y la falta de agua.

Para transformar lo acontecido en el pasado calendario, los ganaderos iniciaron el actual año con un trabajo intenso para cumplir los planes de cada mes y volver a la senda pactada de acopiar todas las producciones, lo que permitirá llegar a diciembre con 24.2 millones de litros entregados.

Por ahora, el mes de enero va bien- acotó el subdelegado- y se finaliza el proceso de contratación con las bases productivas y la industria láctea para evitar la compra de ese alimento en el mercado internacional.