La llamada Tarea Ordenamiento, impulsada por el Gobierno, implica unificar los tipos de cambio vigentes, el cese de la circulación del peso convertible, y una reforma general de salarios y precios, con la eliminación gradual de subsidios excesivos y gratuidades indebidas.

Estos procederes encuentran respaldo legal en la Gaceta Oficial de la República de Cuba en su edición número 68 extraordinaria de 2020, que dio a conocer los procedimientos relacionados con el plan en el país y cuenta con ocho decretos leyes, tres decretos e igual número de acuerdos.

Marino Murillo, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, explicó que este es un proceso interdisciplinario y transversal a la economía.

Busca, dijo, resolver desequilibrios macroeconómicos, reducir déficit presupuestarios, favorecer los incentivos a la producción, mejorar la eficiencia y la competitividad a nivel internacional.

Como dijera el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel,la unificación monetaria y cambiaria no constituye la solución mágica a los problemas económicos y financieros, ‘pero sí nos debe conducir a la elevación de la productividad del trabajo y a un desempeño más eficiente de las fuerzas productivas’.

Reiteró la trascendencia e importancia de este paso, ‘que pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda la actualización de nuestro modelo económico y social sobre la base de garantizar a todos los cubanos mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social’.

Analistas coinciden en que se trata de una de las tareas más complejas que en el orden socioeconómico enfrenta el país, acrecentada por los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, el impacto de la Covid-19 y la crisis internacional.

Desde octubre pasado la población recibió una amplia información sobre el tema por medios de prensa, y los actores implicados fueron capacitados para llevar adelante este proceso, definido por las autoridades gubernamentales como un paso imprescindible para avanzar en la estrategia económica de la nación.