Uno de los letrados integrante de la defensa dijo haber tenido acceso a las pruebas acusatorias, a estudiar el caso, además de poder entrevistarse con sus clientes y trazar, de conjunto, una estrategia de defensa, según se detalla en un reporte publicado hoy por el periódico Granma.

Sergio Hernández Ramos, uno de los abogados de oficio, señaló que se han podido presentar todas las pruebas y los argumentos en defensa y estos han sido valorados por los miembros del Tribunal.

Los acusados, agrega el rotativo, también han declarado todo lo que han querido, incluso, han podido hablar a favor o en contra del sistema político y social cubano, y a nadie se le ha impedido su declaración.

Rainer Rosales, otro de los abogados de la defensa, explicó que aun cuando en Cuba la responsabilidad penal comienza a los 16 años, en el caso de los acusados que tienen entre 16 y 18 años, están amparados legalmente por un tratamiento diferenciado.

Entre las medidas especiales previstas en las normas jurídicas cubanas para este rango de edad se incluyen no imponer penas privativas de libertad o sanciones tan elevadas, con el propósito de facilitar luego la reinserción del joven en la sociedad.

Precisa el periódico que durante los juicios se han cumplido otras garantías del debido proceso como, por ejemplo, no ser privados de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido y mantener el respeto a la dignidad e integridad física, psíquica y moral, no ser víctima de violencia y coacción para forzarle a declarar.

El pasado 25 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, como resultado de las investigaciones de los hechos ocurridos en varias ciudades de Cuba los días 11 y 12 de julio de 2021, se presentaron 117 expedientes en fase preparatoria correspondientes a los de mayor connotación, de los cuales 110 pasaron a los tribunales, con 710 acusados.

Añadió la nota informativa que como resultado de los 84 juicios realizados, la Fiscalía ha sido notificada de 44 sentencias dictadas por los tribunales, en las que fueron sancionados 172 acusados, los cuales tuvieron el derecho a establecer los recursos correspondientes, señala la comunicación de la FGR.

La realización de estos procesos penales ha recibido numerosos ataques en de perfiles de redes sociales y medios digitales, muchos de los cuales también estuvieron vinculados a un plan de guerra de cuarta generación diseñado desde Estados Unidos para provocar desestabilización en momentos en los que el país afrontaba una compleja situación por la Covid-19 y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Washington.