Legalmente, por normativas internas que regulan la forma de venta de combustibles (según las explicaciones que han dado aquí en diversos espacios de intercambio), los automóviles y maquinaria agrícola estatales no pueden habilitar, directamente en servicentros, combustibles comprado por una persona natural, es decir, que tiene que ser mediante la tarjeta que disponen adquirida para empresas, instituciones, organizaciones, etc.; visto desde ese enfoque de legalidad todo bien, pero ¿Dónde radica el problema y qué desencadena?

Para comprender el desenlace hay que hacer un poco de historia cotidiana, la del día a día en un contexto económico que, desde el enfoque y experiencias de lo local, porque hablaremos de Jobabo, resulta vital interpretar cada detalle.

Para nadie es un secreto que las asignaciones de combustibles a las organizaciones económicas no son, desde hace mucho tiempo, el real respaldo a sus operaciones de gestión, en muchos casos representa a lo sumo entre un 10-25% de su demanda mensual, y en otros casos transcurren meses completos sin asignaciones reales que le permitan extraer, a veces teniendo el combustible comprado en tarjeta, el producto físico.

Ello, desde el enfoque socioeconómico tiene un impacto complejo, incalculable en términos de operatividad de la economía municipal porque se traduce en tener que dejar de cumplir una serie de compromisos productivos y de servicios con el consiguiente costo en ingresos, salarios sin respaldo, prestaciones básicas a la población, y una larga cadena de puntos que definen el encargo u objeto social de una entidad.

Hace unos años recuerdo que ante la carencia de combustibles, por ejemplo, si se asignaba un 40% de la demanda, en la mayoría de los casos lo que se hacía era cumplir al 40% las tareas que implicaban gastos de combustibles, por ejemplo: las roturaciones de tierra, la atención cultural de los sembrados, los viajes en ómnibus, la distribución de agua a zonas de extrema sequía, la extracción de madera rolliza, la extracción de carbón vegetal, los viajes de las ambulancias… para servicios imprescindibles aparecían algunas alternativas que implicaban generalmente el apoyo de un sector a otro… Y en algunos casos esto último ha venido manteniéndose.

Pero al ser tan prolongado en el tiempo ese insuficiente respaldo o equilibrio demanda/asignaciones aparecieron más alternativas, bien se sabe que la creatividad es característica inseparable del cubano. Y fue de esa manera que para el cumplimiento de muchas actividades del encargo organizacional comenzaron, por iniciativas propias de choferes, administrativos, y por qué no, de beneficiarios de esos servicios, a suplir los porcentajes de las no asignaciones con combustibles comprados por ellos mismos al precio de venta liberado.

De esta manera ha funcionado en más de un 60% el entorno agropecuario en los últimos dos años, y a pesar de las irregularidades y disyuntivas momentáneas, ha funcionado con voluntariedad, seriedad y responsabilidad. Para que se entienda mejor: la mayoría de las acciones que se ejecutan en la roturación de tierras en las cooperativas, el funcionamiento de los sistemas de riego no eléctrico, el traslado de mercancías (insumos y alimentos), el tiro de agua para el ganado… se hace con combustible adquirido en servicentros por la forma de venta a personas naturales, es decir, que no es por las tarjetas respaldadas a las formas empresariales.

Dirán: si se hace de esta forma y hasta cierto punto funciona, con la propia anuencia de los que ejecutan las actividades económicas-productivas y de servicios ¿Cuál es el problema entonces? 

Pues, que no todo es color de rosas, y un bien alternativo tiene “solapado” un mal que algunos llaman necesario. Y es que al no poder habilitar un vehículo o maquinaria agrícola estatal o de una cooperativa directamente en el servicentro cuando se compra el combustible de esa forma, se traduce en que tengan que darle, la mayoría de las veces, un “plus” a un tenedor de vehículo particular para que le extraiga el combustible de la bomba y luego se lo transfiera.

Es decir, que cuando se da un papelito (autorizo del gobierno local), para poder comprar 20 o 30 litros de diésel, a un presidente de cooperativa para traer mercancías los sábados de feria o a un campesino (de los que no tienen tractor o automóvil) para que riegue su pedazo de tierra, en esa cifra necesariamente van los cinco o 10 litros que tienen que soltarle a un particular, de lo contrario no pueden extraer el combustible y de nada vale la iniciativa, el dinero y el autorizo. Muy pocas veces aparece alguien que hace la extracción “de favor”, que lógicamente hay que darle algo también por el movimiento, generándose un gasto innecesario o una fuga excesiva de combustibles.

Y hablo del sector agropecuario porque es en el que más se aprecia el costo de una prohibición que, reitero, tiene su esencia legal con determinada lógica regulatoria si las asignaciones respaldaran el plan, pero en la práctica resulta una traba en el actual contexto socioeconómico en que se gestiona la producción y los servicios en la localidad. En otros casos fuera de la agricultura también se ha visto este problema, pero con menos ruido.

Ya he pedido la cuenta de las veces que presidentes de cooperativas y representantes en la base del sector agropecuario han abordado el asunto pidiendo un cambio de esa condicionalidad que los afecta. Hasta el momento, incluso con flexibilizaciones momentáneas, no se define una solución, aún cuando este problema puede generar más desvíos, ilegalidades y corrupción entorno a los combustibles.

Al menos merece una mirada desde la perspectiva optimista de un cambio solucionador. No resulta para nada grato tener que recibir papelitos ¨a partes¨ cuando el más necesitado puede obtener la cantidad completa para producir sin la interferencia de un intermediario en busca de ese “extra” que “no se sabe” donde va a parar.