Las declaraciones del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, encendieron las alarmas y agudizaron lo que se veía venir, luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la inhabilitación por 15 años de la opositora María Corina Machado.
Durante una rueda de prensa, el alto funcionario estadounidense amenazó con sanciones y dijo “tener opciones a nuestra disposición”.
Kirby advirtió el lunes al Gobierno de Nicolás Maduro que tiene de límite hasta abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición en Barbados antes de que Estados Unidos tome decisiones sobre sanciones.
“No voy a avanzar ninguna de ellas en este momento, pero ciertamente tenemos opciones con respecto a sanciones y ese tipo de cosas que podemos tomar. Tienen hasta abril”, dijo amenazante.
Paralelo a ello, se sumó la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense, que informó la modificación de la Licencia 43 del 18 de octubre del pasado año.
Este documento otorgó por seis meses permisos limitados a la Compañía General de Minería venezolana para realizar transacciones de la producción y comercialización de su oro, y ahora los modifica a partir de la decisión del TSJ con políticos de la derecha.
La indignación se hizo sentir a través de un comunicado del Ministerio para Relaciones Exteriores que repudió los intentos de chantaje e intromisión en los asuntos internos por parte del Gobierno de Estados Unidos, los cuales dijo constituyen un ultimátum contra toda la sociedad venezolana.
Indicó que mediante la “coerción y la amenaza”, Washington busca imponer el golpismo, desconocer las instituciones de la República, aplicar nuevas medidas coercitivas y desestabilizar la economía venezolana y el bienestar de su pueblo.
La nota rechazó de manera “absoluta e inequívoca” el intervencionismo neocolonialista que desde Estados Unidos se intenta imponer contra un país independiente que ejerce plenamente su soberanía nacional y tiene derecho a elegir su propio destino.
Denunció que esta embestida cuenta con el apoyo de “sectores de la oligarquía, de los grandes apellidos, vinculados a pasados llamados a la imposición de sanciones ilegales que afectaron la economía nacional, regional y global”.
La República Bolivariana afirmó que “no cederá ante ningún chantaje” y expresó que sus instituciones continuarán cumpliendo con las leyes y la Constitución nacional, de acuerdo con el mandato recibido por el pueblo venezolano.
También el Parlamento rechazó de manera categórica cualquier injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana y forma de ultimátum por parte del Gobierno de Estados Unidos.
El máximo órgano del Poder Legislativo aprobó en forma unánime de los parlamentarios de ambas bancadas un acuerdo en rechazo a cualquier decisión que pretenda socavar la soberanía, independencia, integridad territorial y la autodeterminación.
Repudió y rechazó categóricamente cualquier forma de ultimátum emanado del gobierno estadounidense, que hizo “eco a los aplausos de extremismo violento” de los apellidos de las oligarquías nacionales de la ultraderecha fascista.
Reafirmó asimismo el respaldo a los acuerdos de Barbados del 17 de octubre del 2023 para la realización de las elecciones presidenciales de este año, en correspondencia con lo consagrado en la Constitución.
El texto convocó de manera inmediata a una gran mesa de diálogo nacional, “amplio e incluyente”, con la finalidad de elaborar juntos una propuesta de cronograma electoral presidencial para presentar con celeridad al Poder Electoral.
Incluye el llamado a todos los factores económicos, políticos, sociales, empresariales, partidos, precandidatos, sociedad civil y movimientos sociales, servidores públicos, trabajadores, estudiantes, académicos, intelectuales, pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones de mujeres, entre otros.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, propuso a todos los sectores de la vida política y social del país acudir el venidero lunes al Consejo Nacional Electoral a fin de proponer una fecha para la realización de los comicios presidenciales.
William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio para Economía y Finanzas, fue categórico al afirmar que la opositora María Corina Machado es la mujer de Washington y pretenden imponerla a punta de sanciones.
