Los servicios que se ofrecen en el Laboratorio Clínico y de Microbiología del mayor centro asistencial en Jobabo, se han visto afectados por estos días a causa de la situación energética que atraviesa el país.

En conversación con la directora de la parte del policlínico Dianelis Hernández Tamayo informó a la prensa que ante el déficit de energía y la falta de combustible para el funcionamiento del grupo electrógeno que alimenta a este centro de salud, hoy solo se realizan los complementarios de urgencias y emergencias.

A causa de no existir un horario planificado para los sistemáticos apagones y se pueda extraer las muestras, montarlas y atender a los pacientes con la calidad que lo requieren. Ante esta situación se le da prioridad, además, a las embarazadas, donde se determina un día específico a la semana para realizarles los complementarios  que necesitan durante el proceso de gestación. Aclaró la directiva.

Agregó, a pesar que el laboratorio hoy cuenta con casi todos los reactivos indispensables para los pacientes, es imposible prestar todos los días sus servicios al pueblo ante la situación energética que atraviesa la nación y la carencia de combustible para su equipo eléctrico.

La minería ilegal en el municipio de Jobabo ha experimentado un preocupante incremento en los últimos días, convirtiéndose en una actividad económica ilícita que genera severos daños tanto al medio ambiente como a la población. Así lo advirtió Susana Chales Velázquez, Especialista Superior de la Política del CITMA, en una entrevista exclusiva donde detalló las principales consecuencias de esta práctica.

Según la experta, las afectaciones son diversas y abarcan varios aspectos. “Primeramente está la afectación a la salud del ser humano debido a productos químicos que en la actividad se emplean.

No solo afecta a las personas que realizan la actividad, sino a las personas que están en el medio circundante”, explicó Chales Velázquez.

Además, señaló que el recurso suelo se ve seriamente dañado, así como el recurso hídrico, ya sea por infiltraciones a aguas subterráneas o por contaminación de ríos. “También afecta a los hábitats de donde se realiza esa actividad, hábitat que afecta a su vez el recurso paisajístico y además el recurso de la biodiversidad”, agregó.

Marco legal: leyes 76 y 81 establecen regulaciones y sanciones

Ante la pregunta sobre el marco legislativo vigente, la especialista recordó que Cuba y como parte de ella Jobabo, cuenta con normativas claras para regular la actividad minera. “El país rige un marco legislativo vigente como es la ley 76, que es la ley de minas, y ahí ese proceso minero se organiza desde cuáles son las investigaciones que hay que hacer, cómo la actividad se debe hacer, cuál es el nivel de seguridad hacia la persona que realiza esa actividad”, detalló.

Asimismo, mencionó la ley 81, relacionada con el medio ambiente, que también aporta elementos clave. “Esa legislación vigente nos permite organizar los procesos desde el punto de vista de la actividad minera, pero también ahí se refleja lo que tiene que ver en materia de contravención. O sea, cuando usted está violentando lo que está estipulado en esa ley y las competencias de los actores implicados para regir ese proceso, pues usted puede estar involucrado en un proceso penal o un proceso fiscal”, enfatizó.

Recomendaciones: integración institucional y vigilancia ciudadana clave.

En cuanto a las medidas para enfrentar esta problemática, Chales Velázquez instó a la población a buscar alternativas seguras y legales. “Aunque económicamente nos reporta mucho dinero por las irregularidades que se hacen, es necesario buscar las vías seguras y que estén acordes y respeten lo que está legislado”, señaló.

Informó que en el municipio existe un grupo subordinado al Consejo de la Administración, integrado por actores como el MININ, Agricultura, la ANAP y los Consejos Populares, que realizan acciones de control y seguimiento en las áreas afectadas.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse activamente. “Desde la ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Una vigilancia cederista, porque tenemos que ganar conciencia de que hay un alto riesgo a la actividad y entonces desde la vigilancia sederista podemos hacer un enfrentamiento también y pues de manera integrada podemos detener o al menos minimizar esa actividad”, concluyó.