Las debilidades en el actuar con mayor rigor sobre las violaciones de las políticas de precios y las prácticas evasivas en el uso de los canales electrónicos de pago fueron dos de los temas en que se enfocó ayer el análisis de los miembros del Buró Municipal del Partido Comunista de Cuba en Jobabo, quienes señalaron que los entes controladores institucionales aquí propician la permisibilidad y desatienden las reiteradas denuncias de la población.

Estos problemas, señalaron, no se manifiestan exclusivamente en el sector no estatal sino que se han detectado, tal y como relacionó el informe, en todo el entorno comercial y de prestación de servicios del municipio, principalmente en lo relacionado con precios excesivos para el poder adquisitivo de los jobabenses.

«Continuar la actualización de la política de precios, con un carácter integrador para todos los actores de la economía, fue un tema que fue discutido en el noveno pleno del Comité Central del Partido, donde se explicó la necesidad de avanzar primero en la organización, en la implementación y control de las medidas que se han estado aprobando y se han estado actualizando desde el salir».

«Este tema de los precios abusivos y especulativos constituye hoy en día una de las mayores insatisfacciones de las más recurrentes de la población y nosotros poníamos un informe a actuar con rigor y sistematicidad en función de ordenar esas instrucciones que responderían directamente al cumplimiento de las proyecciones que tiene el gobierno con relación al ámbito de adquirir o que provoca la violación del precio en el tema de la estabilización macroeconómica y en el tema inflacionario» destacó Oscar Alberto Martínez Domínguez, miembro del Buró Municipal del PCC que atiende la esfera agroalimentaria y la económica.

«Como aseguramiento a este tema hemos estado vinculados a todos los sectores, participamos en el Consejo de Dirección de Finanzas, hemos estado en el núcleo de la Dirección Integral de Supervisión y hemos estado intercambiando constantemente con la población para conocer sus opiniones, expectativas e intereses generales. Tenemos un medidor claro de lo que necesita el municipio y dónde están los problemas relacionados con los precios, y hacia ahí debemos trabajar» insistió el dirigente político.

Precios violados ¿Cuáles son las causas?

«Ahora, hay un grupo de limitaciones que en el orden subjetivo impiden avanzar en esta tarea y que requiere de una transformación inmediata. En primer lugar, el tema de la política del cuadro, donde aún permanece vacante, durante casi un año, la viceintendencia que atiende esta tarea de control y fiscalización, que yo creo que es un tema que ya el consejo de la administración tiene que acabar de resolver y poder aplicar con celeridad todas las medidas que se han estado implementando. No se ha completado la nomenclatura del director de Finanzas y Precios, que hoy está ahí, pero no está nombrado todavía» expuso.

Martínez Domínguez enfatizó además que es recurrente la situación de las plazas vacante en la dirección integral de supervisión y en menor medida en el resto de organismos que gestionan el entorno económico del municipio, por lo que hay que trabajar en el completamiento y preparación de todos estos recursos humanos.

Otra de las problemáticas tiene que ver con el funcionamiento del Comité de Concertación de Precios, el cual no ha tenido una estabilización en su funcionamiento, incluso el año anterior fue deficiente e inestable, y por indicación dice que el Comité de Conservación de Precios tiene que reunirse cuantas veces sea necesario y mínimo dos veces en el mes.

Entre multas y problemas éticos siguen altos los precios

El informe presentado al buró versó que, a pesar de tener limitantes, durante el año 2024, el subgrupo de enfrentamiento realizó acciones importantes ante los altos precios, donde se detectaron 250 violaciones y se aplicaron multas por el decreto 30 a 195 infractores con un valor ascendente a 2.186.000 de pesos, y por el decreto 91, que se puso en vigor a finales de estos últimos meses, a 55 infractores con un importe de 604 mil pesos.

En el caso de la ONAT, reflejaron, han venido trabajando y iniciando un proceso de fiscalización a la forma de gestión no estatal con visitas periódicas en aras de detectar y actuar sobre las manifestaciones evasivas de impuestos y otras violaciones en el orden económico financiero.

No pasaron por alto en el informe la reiterada situación de la falta sistematicidad en la evaluación de competencia y desempeño de los inspectores, pues como se debatió más adelante, es evidente que existen problemas en el comportamiento ético, la preparación integral y quejas sobre el extremismo, por un lado, y la inoperancia ante casos visibles de violaciones de todo tipo.

Los miembros del buró del Partido asintieron con responsabilidad que la primera línea de defensa de los intereses de la población tiene que ser la militancia, y en consecuencia, lograr que sean los primeros en detectar, denunciar y enfrentar todas esas manifestaciones, y por ningún concepto permitir que el sector estatal aumente precios buscando resarcir ineficiencias administrativas y de gestión financiera con márgenes de ganancias superiores que en la parte privada.

Ya en pleno debate, Noemí Alarcón, miembro del Buró Municipal del PCC que atiende los servicios, criticó esa visible morosidad en el actuar de los inspectores y la cantidad de denuncias que existen «El tema de la política de precios es una tarea pendiente en el municipio. Aquí no se ve en el actual de los supervisores ante situaciones que vemos a diario que tienen que ver con el abuso en los precios y esas conductas especulativas, no sólo en el sector no estatal, sino en el sector estatal también, eso se ha hecho ya también algo sistemático. Aquí se ha hecho habitual que cuando hay inspecciones provinciales, no sé cómo se enteran, los puestos aquí no abren».

«Y eso ya ha ocurrido, ya tengo cuatro ocasiones y no veo la acción aquí de nadie, no sé cuál es la excusa, porque cada vez que se pregunta, ellos dan una excusa diferente. Aquí tenemos que lograr que cuando llega un inspector a pasar inspección a algún lugar, lo primero que tienen que hacer es dar los buenos días. En varias ocasiones que llega a un lugar, lo primero que piden es documentación y ahí lo decía, el tema de la ética y la profesionalidad», dijo.

«Seguimos viendo el pollo a 450, a 460 y eso no fue lo que se aprobó» destacó la dirigente.

Ante precios abusivos y especualativos el sector estatal no puede quedar en la impunidad

Alarcón Llanes cuestionó la diferencia que hay en la exigencia en el cumplimiento de la política de precios permitiendo que el sector estatal no entre las regulaciones que emite el Comité de Concertación, relacionando que hoy sigue latente la situación del arroz liberado en el comercio, muy por encima de lo que se estableció en el municipio y no se ha actuado con rigor para evitar que una empresa estatal venda más caro que los particulares, lo cual deja mucho que decir del ejemplo que deben dar.

Sobre la situación del precio del arroz, Bárbara Pérez Milanés, viceintendente que atiende economía expuso: «Estamos hablando del tema más complejo y que más afecta a la población, y todos los que estamos aquí somos población. Es un tema que cuando él se comunicó conmigo yo le dije que eso es en el goce del problema la multa es para el dependiente es para el jefe inmediato el dependiente y es para la máxima autoridad de tanto del negocio privado como del estatal».

«La ficha de costo del comercio está bien sacada pero el margen de utilidad dice que es hasta el 30% y en ese producto no se podía ganar el 30%, tenía que ganarse el 15% porque hoy la ineficiencia de los servicios que tenemos y de los datos que estamos informando no están en correspondencia con servir a la población, y primero hay que pensar en la población» manifiesta.

«Hay veces que la inspección se enfoca más en el dependiente que en los dueños de negocio. Entonces vemos mucha fluctuación de la fuerza de trabajo porque la inspección va más dirigida a las multas que a la violación en sí. Es como si fuera un juego de ajedrez» relacionó Henrry Pantoja Santiesteban.

«Cuando vienen los inspectores, no sabemos cómo el dueño se entera y tú los ves cerrados, por lo menos uno que anda en la calle uno los ve, y muchas veces por la mañana está cerrado y sin embargo por la tarde ya cuando no están los inspectores están abiertos. Y muchos también que no quieren aceptar la transferencia cuando aquí se sabe que hay que aceptar transferencias. No te dan el código, te dan una cuenta para que tú transfieras» explica.

«Se está dando el caso que le hacen cualquier rayoncito y ya el código QR no funciona. Entonces te dan el código, tú escaneas el código, no lo coges, no lo coges, no lo coges, y todo queda como que no funciona el sistema, entonces todo el mundo no está orientado, no está claro en que aparte del código QR también puedes pedir la cuenta fiscal y transferir a la cuenta fiscal» precisa.

Al intervenir el director de supervisión integral, asintió las responsabilidades que tienen en esta dependencia y las debilidades que hoy en enfrentan con el personal, a la vez que reconoció que el trabajo de control tiene que enfocarlo más al responsable de un negocio o una entidad.

También se abordó la situación de los productos que se ofertan en las redes sociales, algo que está sin control y sin actuación de ninguna autoridad, pues en todos los casos exceden las cifras aprobadas y por lo general son personas que no tienen ninguna legalidad, no pagan impuestos.