Las Tunas.- El segundo Ejercicio Nacional de Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades e Indisciplinas Sociales llevado a cabo en todo el país, tiene como objetivo el fortalecimiento de los mecanismos de control y enfrentamiento, con la participación de las estructuras del Gobierno Provincial hasta los consejos populares.
Durante esta actividad en el Balcón de Oriente, el Tribunal Provincial Popular se ha encargado de velar por la prevención y el control de las personas que extinguen sanciones en libertad.
El presidente de esta instancia aquí, Orelvis Gener Crespo, explicó: “Durante esta semana se centran en sancionados que extinguen por delitos complejos o priorizados por el país, principalmente los relacionados con tráfico o tenencia de drogas y otras sustancias similares no solo cocaína y marihuana, sino también algunos estupefacientes.
“Además, se realizan verificaciones al 50 por ciento de los controlados que extinguen por delitos relacionados con la ganadería, robo con violencia, robo con fuerza en viviendas habitadas, violencia contra la mujer, hurto, sacrificio, amenaza, es decir, delitos que atentan contra la integridad corporal de las personas”.
Por otra parte, y teniendo en cuenta su misión constitucional, la Fiscalía Provincial en el segundo ejercicio nacional ha centrado sus acciones de prevención en el universo estudiantil en aras de evitar conductas asociadas al consumo de drogas, embarazo en la adolescencia, así como violencia contra mujeres y niñas.
Yadira Pérez Cabreja, vicefiscal jefa provincial, dijo: “En este accionar hacemos mayor énfasis en las consecuencias negativas de esos actos y las medidas jurídico-penales que prevee nuestra legislación para enfrentar este tipo de conductas.
“También hemos reforzado el trabajo en las acciones de control en entidades del Estado para detectar presuntas violaciones de la legalidad, determinarlas y que las entidades adopten las medidas organizativas y disciplinarias que proceden para erradicarlas, para evitar que lleguen a ser constitutivas de delitos por los daños que ocasionan a la economía cubana”.
Esta actividad forma parte de la misión de los órganos de justicia cubanos, quienes se encargan de velar por el cumplimiento de la legalidad y los preceptos establecidos en la Carta Magna.
