El Decreto Ley de la Comisión Nacional para el Uso de los Organismos Genéticamente Modificados en la Agricultura Cubana, que aparece publicado este jueves en la Gaceta Oficial ordinaria No. 52, implementa una política de país para la inclusión controlada de estos cultivos como alternativa en el desarrollo agrícola, a partir de premisas como la soberanía y la seguridad alimentarias, la agroecología, la sostenibilidad y la soberanía tecnológica.

“Lo esencial es incorporar el uso ordenado y controlado de los organismos genéticamente modificados (OGM) en los programas de desarrollo agrícola como una alternativa para desarrollar la productividad, coherente con una agricultura sostenible y la soberanía alimentaria, sobre la base de la investigación autóctona”, dijo el viceministro Armando Rodríguez Batista al presentar el decreto ley en la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).

“Hay un aporte que viene de la ciencia, productos desarrollados por nuestro país y que son una alternativa para la producción de semilla destinada al desarrollo agrícola”, agregó, y enfatizó que “no estamos diciendo que es el único camino, sino que es una alternativa más, complemento de la agricultura convencional, y es muy importante su vínculo con el momento que atraviesa el país, impulsando la soberanía alimentaria sobre la base de la ciencia, la tecnología y la innovación, la producción nacional y la incorporación de la industria”.

La nueva disposición jurídica propone la creación de la Comisión Nacional para el Uso de los Organismos Genéticamente Modificados, presidida por el Citma, que debe asegurar la coherencia e integralidad en el proceso de toma de decisiones como representante de los intereses del Estado, y se aplica a todas las actividades en el sector de la agricultura que involucren OGM en el territorio nacional.

Entre otras funciones, regulará la adopción de decisiones relacionadas con la investigación, desarrollo, producción, uso, importación y exportación de los OGM, y con ese objetivo –y como parte del soporte técnico y de conocimiento– propiciará la participación en ese proceso  de centros de ciencia, tecnología e innovación, universidades, empresas productoras, organismos centrales de la Administración del Estado y otras entidades nacionales.

El nuevo decreto ley armoniza la práctica cubana con instrumentos internacionales de los que Cuba es firmante como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y con las recomendaciones del CODEX Alimentarius. Está acompañado de dos resoluciones.

Resolución 198/2020 del Citma, “Reglamento para el ejercicio de las funciones de Autoridad Nacional, Punto de Contacto y Punto Focal para el Intercambio de Información de la República de Cuba para el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica”: establece las funciones de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental del Citma como autoridad nacional y otras designaciones ante el Protocolo de Cartagena. Establece el sistema de Acuerdo Fundamentado previo al proceso de toma de decisiones y la actuación del Citma mediante la Comisión Nacional creada en virtud del decreto ley.

Resolución 199/2020 del Citma, “Reglamento de Seguridad Biológica para el uso de Agentes Biológicos y sus Productos, Organismos y Fragmentos de estos con Información Genética”: establece los requisitos técnicos de seguridad que deben tenerse en cuenta en las instalaciones en las que se trabaja con organismos genéticamente modificados. Estos requisitos se dividen en diseño de la instalación, prácticas del personal y equipos de seguridad para cada nivel de riesgo.

El decreto ley, que expresa la política de país de Cuba en este campo, debe asegurar que toda actividad con OGM en la isla “tenga una adecuada evaluación de riesgo, siguiendo los principios de precaución, transparencia en el manejo, la comunicación de la información y la responsabilidad ético-científica”, subrayó el viceministro del Citma.

En el caso cubano –explicó– la producción de OGM se relaciona también con la Tarea Vida (el programa nacional de mitigación y enfrentamiento al cambio climático) y con procesos como la salinidad de los suelos, que afectan los cultivos, “y puede ser complementaria a la producción de híbridos, de semillas que nos permitan superar esas condiciones que son limitantes para el desarrollo”.

“Aquí estamos trabajando en soberanía alimentaria, ambiental e institucional, pero también avanzando en soberanía tecnológica. No solo estamos hablando de la capacidad de generar productos de la biotecnología, sino de crear una infraestructura tecnológica e incrementar la capacidad de control de los OGM”, dijo Rodríguez Batista.

Antonio Casanova Guilarte, director de Control Ambiental de la Oficina de Regulación Ambiental del Citma, señaló que también se busca “estimular que desde las entidades del Ministerio de Agricultura se demande al sector de la ciencia el desarrollo de productos que contribuyan al incremento de la producción alimentaria”.

También forma parte de los objetivos de Cuba el desarrollo de infraestructura y “fortalecer el papel de las autoridades nacionales reguladoras –con una gestión coherente desde los sectores de Agricultura y Salud y el Citma– y las capacidades en instituciones nacionales para la detección e identificación de los OGM, así como el sistema para la vigilancia y monitoreo de estos organismos”.

Como parte de la implementación responsable de esta política, se establece un sistema único y diferenciado de trazabilidad y etiquetado de OGM previo a su comercialización, así como el etiquetado de productos que los contengan, estén compuestos por OGM o hayan sido producidos a partir de estos organismos.

También se crea el Sistema Nacional de Notificaciones, como parte del cumplimiento de las obligaciones del Protocolo de Cartagena y las recomendaciones de varios instrumentos internacionales, entre ellos el Codex Alimentarius, un conjunto de normas y prácticas aprobadas por la comisión del mismo nombre, parte del Programa Conjunto sobre Normas Alimentarias de la FAO y la OMS.

“Se trata de una tecnología –dijo el viceministro del Citma–, y Cuba busca emplear esa tecnología con fines de desarrollo sostenible y no con las prácticas que en otros contextos han tenido un impacto ambiental. Cuba puede aprovechar la capacidad de producción y tecnológica que tiene, pero hacerlo con un enfoque ambientalmente sostenible.

“Esta es una norma que, a la vez que promueve el uso de OGM, crea una estructura que tiene la capacidad de ir conduciendo el proceso desde el punto de vista de la seguridad ambiental y biológica, y desde el punto de vista social”, añadió.

Al respecto, Casanova Guilarte informó que se trabaja y se ha buscado financiamiento por varias vías para asegurar la creación de al menos dos laboratorios con capacidad de identificación de OGM. “A partir de la entrada en vigor del decreto ley, no habrá una explosión en el uso de OGM; ese uso partirá de evaluaciones científicas y de factibilidad, con un mecanismo coherente y transparente de aprobación”.

Entre los cultivos a promover por esta alternativa, asociados con la política nacional de semillas aprobada por el Ministerio de Agricultura, estarían el maíz y la soja, entre otros. Rodríguez Batista dijo que, aunque no relacionada directamente con la producción de alimentos, podría también aplicarse en la caña de azúcar, en la búsqueda de una variedad que se adecúe a las condiciones que genera el cambio climático.

“Hay un nicho importante en la agricultura orgánica y la agroecología”, señaló el viceministro del Citma.