La minería ilegal en el municipio de Jobabo ha experimentado un preocupante incremento en los últimos días, convirtiéndose en una actividad económica ilícita que genera severos daños tanto al medio ambiente como a la población. Así lo advirtió Susana Chales Velázquez, Especialista Superior de la Política del CITMA, en una entrevista exclusiva donde detalló las principales consecuencias de esta práctica.

Según la experta, las afectaciones son diversas y abarcan varios aspectos. “Primeramente está la afectación a la salud del ser humano debido a productos químicos que en la actividad se emplean.

No solo afecta a las personas que realizan la actividad, sino a las personas que están en el medio circundante”, explicó Chales Velázquez.

Además, señaló que el recurso suelo se ve seriamente dañado, así como el recurso hídrico, ya sea por infiltraciones a aguas subterráneas o por contaminación de ríos. “También afecta a los hábitats de donde se realiza esa actividad, hábitat que afecta a su vez el recurso paisajístico y además el recurso de la biodiversidad”, agregó.

Marco legal: leyes 76 y 81 establecen regulaciones y sanciones

Ante la pregunta sobre el marco legislativo vigente, la especialista recordó que Cuba y como parte de ella Jobabo, cuenta con normativas claras para regular la actividad minera. “El país rige un marco legislativo vigente como es la ley 76, que es la ley de minas, y ahí ese proceso minero se organiza desde cuáles son las investigaciones que hay que hacer, cómo la actividad se debe hacer, cuál es el nivel de seguridad hacia la persona que realiza esa actividad”, detalló.

Asimismo, mencionó la ley 81, relacionada con el medio ambiente, que también aporta elementos clave. “Esa legislación vigente nos permite organizar los procesos desde el punto de vista de la actividad minera, pero también ahí se refleja lo que tiene que ver en materia de contravención. O sea, cuando usted está violentando lo que está estipulado en esa ley y las competencias de los actores implicados para regir ese proceso, pues usted puede estar involucrado en un proceso penal o un proceso fiscal”, enfatizó.

Recomendaciones: integración institucional y vigilancia ciudadana clave.

En cuanto a las medidas para enfrentar esta problemática, Chales Velázquez instó a la población a buscar alternativas seguras y legales. “Aunque económicamente nos reporta mucho dinero por las irregularidades que se hacen, es necesario buscar las vías seguras y que estén acordes y respeten lo que está legislado”, señaló.

Informó que en el municipio existe un grupo subordinado al Consejo de la Administración, integrado por actores como el MININ, Agricultura, la ANAP y los Consejos Populares, que realizan acciones de control y seguimiento en las áreas afectadas.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse activamente. “Desde la ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Una vigilancia cederista, porque tenemos que ganar conciencia de que hay un alto riesgo a la actividad y entonces desde la vigilancia sederista podemos hacer un enfrentamiento también y pues de manera integrada podemos detener o al menos minimizar esa actividad”, concluyó.