Las definiciones legislativas (a corto plazo) deberían cambiar para beneficio público los arrendamientos de locales transformando los modus operandis empresariales de después de 2021 por algo que de alguna manera obligue a las entidades titulares de un local a usarlo en correspondencia con su encargo social o de lo contrario obligarles a hacer dejación de él para que los beneficios del arrendamiento que se licite vayan directamente a un fondo de desarrollo municipal y no a cubrir parte de las deficiencias empresariales.

El objetivo de ello sería simple: desestimular que las empresas de encargo productivo o de prestaciones de servicios comerciales se dediquen a captar ingresos arrendando locales y abandonando paulatinamente sus encargos sociales, bajo el costo de perder sus instalaciones que no usan, las cuales hoy bien que sirven a la población de alguna manera arrendadas a privados o a otras empresas, pero los ingresos por concepto de arrendamiento no se notan prácticamente en la gestión del desarrollo local.

Por lo tanto, si desde el Consejo de la Administración Municipal y la propia Asamblea Municipal del Poder Popular se mirara con visión futurista del desarrollo, lo más prudente sería dar un ultimátum a las entidades enclavadas en el territorio -O usas el inmueble produciendo o prestando servicios, como demanda tu función principal, o lo traspasamos al CAM y lo arrendamos, pero con la acotación que esas recaudaciones van a una cuenta de fomento de proyectos de desarrollo local y no a cubrir pérdidas empresariales-.

Esto, por supuesto, debidamente legislado, y bajo el principio de una transparencia rigurosa amparada en licitaciones públicas teniendo en cuenta intereses que vayan en correspondencia con la estrategia de desarrollo municipal.

Cada día el emergente sector privado demanda locales para emprendimientos que valen la pena respaldar, ya sea por su utilidad social o porque generan mejores oportunidades de servicios, mayor cantidad de empleos con respaldo de ingresos que las entidades estatales sumidas en bancarrota o tengan un programa transformador del entorno, que lógicamente, en todos los casos aportan al fisco, pero las negociaciones de esos locales no deberían ser con las direcciones de empresas estatales que han abandonado su encargo para convertirse en otra cosa indefinida en el actual contexto económico, sino que deberian lidiar directamente con la administración pública.