Durante la última audiencia acusatoria de la llamada Causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años en prisión para la también titular del Senado y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015.

En una comparecencia televisada, la expresidenta demostró los lazos ilícitos entre empresarios, funcionarios, jueces, fiscales y el exmandatario Mauricio Macri; y denunció la inexistencia de evidencias en su contra, así como las violaciones cometidas en el juicio.

Desde que se conocieron los pronunciamientos de Luciani, continúan llegando hasta el domicilio de Fernández en el capitalino barrio Recoleta personas de esta y otras localidades para manifestarle su respaldo y acompañarla.

Asimismo, se realizan manifestaciones en ciudades como Córdoba, La Plata, Corrientes y Rosario para denunciar los intentos de proscribir a la ex jefa de Estado.

La víspera, el Partido Justicialista convocó “a todos los peronistas a lo largo y ancho de nuestro suelo patrio, en todas las unidades básicas y sedes, a mantenerse unidos, organizados y movilizados, en alerta permanente, para defender la verdadera democracia y los derechos conquistados”.

En un comunicado, dicha organización instó a respaldar a “la más importante líder del pueblo argentino” y criticó el mecanismo de lawfare (guerra jurídica) utilizado contra ella.

Esa agrupación, la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores Autónomos y otras organizaciones anunciaron que organizan una marcha masiva para respaldar a Fernández.