El 3 de enero de 2026 quedará marcado en la historia del derecho internacional como el día en que sus pilares fundamentales se quebraron bajo el peso de la realpolitik.

La operación militar estadounidense “Resolución Absoluta”, que culminó con el secuestro y traslado a Nueva York del presidente venezolano Nicolás Maduro, no es un mero incidente geopolítico, sino un terremoto jurídico que sacude los cimientos de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente el sagrado principio de soberanía estatal y la prohibición del uso de la fuerza consagrada en su Artículo 2(4).

Estados Unidos, al invadir territorio soberano sin mandato del Consejo de Seguridad ni causa de legítima defensa inmediata, ha reemplazado el multilateralismo por la ley del más fuerte, estableciendo un precedente pavoroso: la “justicia”, o lo que una potencia declare como tal, puede imponerse a cañonazos con impunidad.

Más allá de la violación territorial, la acción hiere el núcleo del sistema interestatal: la inmunidad soberana de los jefes de Estado en ejercicio. El espectáculo de un mandatario apresado por fuerzas especiales extranjeras y sometido a la jurisdicción penal de otro país despoja a este principio de todo significado.

Si la soberanía es, en última instancia, la capacidad de un pueblo para decidir su destino político sin coerción externa, la agresión en Venezuela representa su aniquilación simbólica y material disfrazada de una justificación estadounidense, basada (Sin pruebas presentadas) en cargos de narcotráfico y terrorismo, lo cual no encuentra amparo en el derecho internacional para una acción de esta magnitud, dejando al descubierto un acto de poder puro que instrumentaliza narrativas infundadas para fines políticos.

La comunidad internacional, ante este hecho consumado, exhibe una fractura profunda y reveladora que conducirá en lo adelante al salvajismo de acción hostil internacional y a la no confianza en las leyes internacionales.

Las condenas de Rusia, China, México, Cuba y gran parte de América Latina contrastan con el apoyo de aliados circunstanciales de Washington y la tibia preocupación de una Unión Europea atrapada en su contradicción de rechazar a Maduro pero deplorar el método.

Esta división no es casual; refleja un mundo que vuelve a polarizarse alrededor de un nuevo eje, el de quienes defienden un orden basado en normas, por imperfecto que sea, frente a quienes ejercen un poder unilateral que consideran inherente a su condición de potencia. La débil respuesta colectiva podría interpretarse, peligrosamente, como una licencia tácita para futuras intervenciones.

Las consecuencias inmediatas dentro de Venezuela son un cóctel de incertidumbre y resistencia. Cualquier gobierno que intente operar bajo la sombra de las bayonetas extranjeras cargará con el estigma de la ilegitimidad, minando su capacidad para lograr una reconciliación nacional genuina.

La prometida transición hacia la democracia, pretexto de la intervención, nace envenenada por su origen violento y por la declarada intención de controlar los recursos petroleros, lo que confiere a toda la operación un tufo a colonialismo petrolero del siglo XXI.

A largo plazo, el daño al sistema internacional es incalculable. Se ha normalizado la idea de que un Estado puede ser desmembrado y su liderazgo judicializado por motivos que la potencia interventora determine unilateralmente. Este precedente devalúa la diplomacia y alimenta la carrera armamentista, al sugerir que la seguridad última reside no en los tratados, sino en la capacidad militar. Para América Latina, renace el fantasma del patio trasero, una herida histórica que se creía superada y que ahora amenaza con revivir tensiones y desconfianzas entre los países de la región.

Más allá de la figura de Maduro, lo que fue secuestrado en Caracas fue algo más profundo: el principio de que los pueblos, con sus aciertos y errores, tienen el derecho inalienable a labrar su propio futuro, mucho menos, garantías de un derecho internacional coherente.