Con reuniones piloto previstas para el nueve de septiembre abrirán en Jobabo los debates de la consulta popular del anteproyecto del Código de Trabajo, reuniones que se extenderá hasta el 30 de noviembre, las cuales caracterizan por su amplia convocatoria, con la expectativa de contar con la participación de más de 7,000 trabajadores representantes de todos los sectores laborales de la localidad.

La esencia del nuevo cuerpo legal pretende incorporar elementos clave en materia de protección, derechos, deberes y requisitos laborales y adaptarse a los nuevos entornos de la gestión laboral en el país, respondiendo de manera efectiva a las recientes transformaciones económicas y sociales.

El objetivo final es asegurar un equilibrio entre las garantías de los trabajadores y las necesidades del desarrollo nacional.

Uno de los pilares fundamentales de este proceso es la garantía de una consulta genuinamente participativa. La metodología diseñada permitirá recoger de forma organizada las opiniones, valoraciones y propuestas concretas de los trabajadores. La estrategia está dirigida a incluir al 100% de la fuerza laboral en todos los sectores, desde la producción y los servicios hasta la administración pública.

Este mecanismo de participación asegurará que la futura ley no sea un documento ajeno a la realidad, sino que refleje fielmente las experiencias, necesidades y demandas del mundo laboral cubano contemporáneo. Cada criterio expuesto será canalizado y considerado para el enriquecimiento del anteproyecto.

La importancia de este proceso radica en la urgente necesidad de renovar la legislación laboral vigente, haciéndola más inclusiva, actual y objetiva, en plena correspondencia con las condiciones actuales del país. Se trata de una oportunidad histórica para fortalecer y modernizar los derechos laborales, adaptándolos a los nuevos escenarios económicos.

Así, Jobabo se dispone a contribuir de manera activa y consciente en la elaboración de una ley que regirá las relaciones laborales en Cuba, reafirmando el principio de que la construcción de las normativas sea un proceso colectivo y democrático.