Durante el balance del desempeño durante 2024 del Ministerio de la Agricultura, el jefe de Gobierno subrayó que ello es necesario para promover el crecimiento económico nacional y, de esa manera, apoyar los programas sociales.

Asimismo, exhortó a “restituir la legalidad con firmeza y determinación en el combate cotidiano contra las ilegalidades y delitos detectados en los campos” del país antillano, según señalan reseñas del encuentro publicadas en Juventud Rebelde y Granma, entre otros.

El jefe de Gobierno avisó que “se discute un nuevo marco sancionatorio” para los infractores en asuntos como tenencia de ganado, uso de tierras en usufructo e incumplidores de “planes prioritarios como el ganadero, el porcino y las entregas de leche y huevos”.

Marrero subrayó que es importante “incrementar el acopio estatal en función de incidir en los precios, los cuales son especulativos y abusivos en ciertos productos agropecuarios, y como una forma de avanzar en contrarrestar el desvío de recursos y la comercialización ilegal”.

De acuerdo con las propias fuentes, comentó que urge “revertir la situación actual con trabajo, compromiso, esfuerzo y con la convicción de que no existirán alimentos más seguros que los que seamos capaces de producir en el país”.

Por su parte, el titular del Ministerio, Ydael Pérez, informó que el organismo ejecuta varias acciones para “desarrollar la infraestructura y las bases tecnológicas y productivas”, entre ellas la “transición hacia sistemas de riego que utilizan energías renovables y la agroecología”.

Para consolidar los resultados productivos deseados, dijo, se impone un mayor control y acompañamiento en la gestión del uso de las tierras, la tenencia de ganado, la comercialización de productos y asuntos relacionados con los impagos y la bancarización.

Estas acciones nos situarán más cerca de cumplir la responsabilidad gubernamental de implementar la Ley de Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional, que deben regir el desarrollo del sector, afirmó.

El balance estuvo encabezado por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y participaron, entre otros dirigentes gubernamentales y partidistas, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, y los vice primeros ministros Jorge Luis Tapia y Ricardo Cabrisas.