Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ha intensificado su agenda migratoria, centrada en deportaciones masivas y restricciones al asilo. Estas medidas han generado un fuerte impacto en la comunidad latina y tensiones con gobiernos de América Latina.
En su primera semana de mandato, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, detuvo a más de 2.300 personas y emitió cerca de 1.800 órdenes de deportación. Esto representa un promedio de 710 arrestos diarios, más del doble que durante la administración Biden. Las redadas se han concentrado en ciudades como Chicago y Dallas, y se han utilizado aviones militares para acelerar las expulsiones.
Las políticas de Trump afectan especialmente a familias de estatus migratorio mixto. Un caso emblemático es el de una votante latina que apoyó a Trump y ahora enfrenta la posible deportación de su familia. Se estima que 19 millones de latinos podrían verse afectados, incluyendo no solo indocumentados, sino también sus familiares con residencia legal o ciudadanía.
Colombia protagonizó un conflicto diplomático al negarse inicialmente a recibir deportados en aviones militares. Como respuesta, Trump impuso aranceles del 25% a sus importaciones. Tras horas de tensión, ambos países llegaron a un acuerdo, pero el episodio refleja la firmeza de Trump, incluso a costa de relaciones bilaterales. Otros países, como Guatemala y Honduras, han aceptado deportaciones, aunque con capacidad limitada para gestionar el flujo.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado la eliminación de protecciones en lugares sensibles, como escuelas y hospitales, y el uso de grilletes en deportaciones. En un vuelo a Guatemala, 64 migrantes fueron esposados durante su traslado. Además, se teme que la política de separación familiar, suspendida en 2018, pueda resurgir.
Gobiernos de la región, como México, han criticado la reinstauración de la política “Permanecer en México”, que obliga a solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano. Países como El Salvador y Nicaragua han solicitado mediación internacional para abordar el impacto humanitario de las deportaciones masivas.
Las deportaciones masivas han generado una crisis humanitaria en varios países. En Guatemala y Honduras, los deportados enfrentan dificultades para reintegrarse a la sociedad, mientras que organizaciones locales reportan un aumento en la pobreza y la inseguridad.
La comunidad latina en EE.UU. ha respondido con protestas en ciudades como Los Ángeles, Miami y Nueva York. Activistas exigen un alto a las deportaciones y la protección de los derechos de los migrantes. Organizaciones legales brindan asesoría gratuita a familias afectadas para evitar separaciones y deportaciones injustas.
Las deportaciones también tienen un impacto económico. Sectores como la agricultura y la construcción enfrentan escasez de mano de obra, lo que ha elevado los costos de producción. Además, el clima de incertidumbre afecta a las pequeñas empresas propiedad de latinos.
Mientras Trump mantiene su postura firme, el futuro de millones de migrantes en EE.UU. sigue siendo incierto. Con desafíos legales en curso y una creciente presión de organizaciones humanitarias, el debate sobre la reforma migratoria sigue siendo uno de los temas más polarizantes en la agenda política del país.
Las políticas migratorias de Trump continúan generando controversia, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, mientras la comunidad latina y los gobiernos de América Latina buscan respuestas ante esta compleja situación.
