El 23 de junio la isla caribeña presentará nuevamente a votación en la Asamblea General de la ONU, la resolución ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’.
Desde su primera presentación en la década de 1990 la gran mayoría de países abogó cada año por el cese inmediato del asedio.
Sin embargo, Estados Unidos lo mantiene y recrudece con medidas coercitivas unilaterales.
De hecho, la administración saliente de Donald Trump aplicó 243 nuevas disposiciones para fortalecer la política de bloqueo, incluso durante la pandemia de la Covid-19.
De acuerdo con el último informe elaborado por la nación caribeña, las pérdidas entre abril de 2019 y marzo de 2020 superaron por primera vez los cinco mil millones de dólares (cinco mil 570,3 millones).
Además, Estados Unidos incorporó a Cuba en los listados de países que supuestamente no cooperan contra el terrorismo y en el de las naciones patrocinadoras de este flagelo, lo que ocasionó el rechazo de la comunidad internacional.
La cancillería antillana ha reiterado que las normativas que amparan el bloqueo a la isla constituyen un acto de guerra económica, de marcado carácter extraterritorial y violan el derecho internacional.
