El documento señala que dichas naciones “permitieron que sus territorios fueran utilizados en los ataques”, lo que, según Teherán, constituye una violación de sus obligaciones internacionales y las hace responsables de los daños materiales y humanos ocasionados.
Asimismo, el informe presentado por Irán ante el Consejo de Seguridad el pasado 21 de marzo incluye lo que describe como pruebas basadas en evaluaciones de sus fuerzas armadas sobre el uso de bases y espacios aéreos en esos países.
En ese contexto, las autoridades locales estiman que los daños derivados del conflicto superan los 270 mil millones de dólares, cifra que sustenta su exigencia de compensaciones.
Por su parte, varios de los países señalados rechazaron las acusaciones y, en respuesta, exigieron a Irán indemnizaciones por los ataques con misiles y drones lanzados contra su territorio, los cuales, aseguran, causaron víctimas civiles y daños a infraestructuras estratégicas.
Antes del estallido de las hostilidades, estas naciones habían reiterado que no permitirían el uso de sus territorios para acciones militares contra Irán, al tiempo que defendían una solución diplomática a la crisis.
Sin embargo, tras el inicio del conflicto, Teherán emprendió ataques contra objetivos que identificó como intereses estadounidenses en varios países del Golfo y en Jordania, además de acciones dirigidas contra Israel.
Según recuentos preliminares, miles de proyectiles, entre misiles y drones, fueron lanzados durante las primeras fases del conflicto, lo que provocó una escalada regional con consecuencias humanas y económicas significativas.
Mientras tanto, continúan los esfuerzos diplomáticos para reanudar las negociaciones, tras el cierre sin acuerdo de las conversaciones celebradas en Islamabad bajo mediación de Pakistán, en medio de acusaciones cruzadas entre las partes involucradas.
