Jobabo. – El proyecto “Apoyo a la Respuesta Nacional a la Violencia Basada en Género en Cuba“ iniciará en los 10 consejos populares del municipio de Jobabo un diagnóstico profundo para dimensionar aquí este problema social creciente que demanda el actuar multisectorial para su transformación.

La iniciativa, que forma parte de una estrategia nacional, fue presentada en un seminario preparatorio donde se capacitaron los equipos que aplicarán los instrumentos investigativos.

El propósito central del estudio es “visualizar la violencia” en las comunidades, un fenómeno que, según la Doctora Celia Díaz, profesora de la Universidad de Las Tunas y expositora del seminario, está “naturalizado en la sociedad”, enfatizando en la urgencia de realizar un “verdadero diagnóstico” que sostenga una “visualización real” de la magnitud del problema en el territorio.

Durante la presentación, se reconoció abiertamente que la violencia de género es un asunto complejo, alimentado por condiciones culturales, educativas y comunitarias, y se destacó, como un aspecto significativo, la necesidad de sacar a la luz violencias que han permanecido invisibilizadas, entre ellas las vinculadas a la orientación sexual y a la fe religiosa, las cuales se identificaron como “procesos que han venido creciendo y que hoy se manifiestan en la sociedad cubana”.

La metodología del diagnóstico se basará en la aplicación de tres instrumentos fundamentales que incluyen encuestas a prestadores de servicios como la Policía, Salud y Fiscalía para evaluar la capacidad de respuesta institucional; entrevistas a directivos de estas entidades; y una encuesta comunitaria que se aplicará a 10 personas en cada Consejo Popular (7 mujeres y 3 hombres).

De manera crucial, se busca que 4 de las 7 mujeres encuestadas sean identificadas como víctimas de violencia, aunque no hayan denunciado, con el objetivo de captar la denominada “cifra oculta”.

Los organizadores abordaron con realismo los obstáculos logísticos y sociales que anticipan, entre ellos, el posible rechazo de la población a participar, las complicaciones para acceder a zonas rurales y la influencia del control patriarcal, ejemplificado en el caso de una mujer que “no lo quiere hacer la encuesta porque el esposo la está velando”. También se prevén obstáculos para reclutar participantes según los estrictos grupos de edad requeridos por el estudio.

Para garantizar la ética y la efectividad del proceso, se ha establecido un riguroso protocolo de confidencialidad. De acuerdo con el profesor Pedro Pablo Nápoles, en los instrumentos no solicitarán nombres ni datos personales, y se ha instruido a los aplicadores para que no revelen a las mujeres que han sido identificadas específicamente como víctimas, medida que busca proteger a las participantes y asegurar su disposición a colaborar.

Este diagnóstico constituye la primera etapa de un proyecto de mayor alcance cuyo objetivo final declarado es utilizar la información recabada para mejorar o crear servicios de atención a las víctimas en los municipios, para lo cual, se informó, ya existen “recursos materiales” destinados a este fin, los cuales serán implementados una vez concluida la fase de investigación.

El proyecto tiene una dimensión nacional y se aplicará en 40 municipios de Cuba. La provincia de Las Tunas tiene una participación destacada con cuatro de sus municipios: Las Tunas, Jobabo, Amancio y Jesús Menéndez, lo que convierte a este territorio en un punto focal de la estrategia.

La iniciativa cuenta con financiamiento del gobierno de Canadá, gestionado a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), colaboración que subraya una cooperación internacional directa para abordar un problema social interno y fortalece las capacidades técnicas y logísticas del proyecto.

La dirección y coordinación del proyecto está a cargo de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), que lidera el esfuerzo en alianza con una amplia gama de instituciones del Estado entre las que destacan la PNR, Fiscalía, Salud y los gobiernos locales, lo cual refleja la prioridad que se otorga a la problemática y la intención de generar una respuesta nacional coordinada y eficaz.