Todos queremos, salvo algunas excepciones, que bajen los precios. Es algo que sacude los entornos de debate público desde hace mucho tiempo, y desde diferentes aristas, acertados o no, se ha estado insistiendo que los entes gubernamentales, a todas las instancias, intervengan de alguna manera.

Lo que se hará a partir de mañana es estado de opinión (aquí en Jobabo) desde la salida misma de la Resolución 209 de 2024 y de lo que poco a poco se ha filtrado a la calle, extraoficialmente, de lo que se hará en materia de gestión de precios a nivel local partir de mañana 1 de julio.

Pero… ¿Qué se sabe? Sólo que han estado evaluando precios a productos de primera necesidad, y que se han realizado algunos encuentros con actores económicos privados (Trabajadores por Cuenta Propia y representantes de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -Mipymes-). Más allá de ello sólo existe especulación y presiones, solapadas y explicitas, nada claro ¿Por qué?

Porque la comunicación no es parte, como debiera, de la gestión de gobierno local, para exponer, explicar, adelantarse a los hechos, erradicar esas especulaciones y presiones.

Y hablo de presiones porque cualquier forma de “gestión de precios” en un entorno económico que, a pesar de tener regulaciones muy determinadas, se ha tambaleado en el liberalismo visible de la permisibilidad, siempre va a tener la resistencia de quienes no quieren renunciar a la plusvalía excesiva  y de la forma que sea, lanzarán un mensaje de -que todo “desaparecerá” de los establecimientos- si “no les da resultados”. Eso crea un estado de opinión en tendencia de apoyo coyuntural a quienes no quieren bajar precios de ninguna manera, siempre sucede, y sucede, pues, por la escasa gestión comunicacional que propinan los entes decisorios en un entorno local.

Mañana, que es la fecha en que se ponen en vigor todos esos ajustes, lo más lógico es no se descuide que amanezcan publicados esos precios concertados, con las respectivas explicaciones que trae consigo un proceso de este tipo. Hay que darse cuenta que, la gente cumple o intenta hacerlo cuando está informada de lo que debe hacer, si no, todo queda en letra muerta de “controles de daños” comunicacionales. Incluyo, ya debían estar publicados.