Assange permanece encerrado en una prisión de máxima seguridad londinense desde abril de 2019, cuando el gobierno de Ecuador le retiró el asilo político otorgado siete años antes y permitió que la policía británica irrumpiera en su embajada en esta capital para arrestarlo.

En enero pasado, y tras un proceso judicial demorado por la pandemia de Covid-19, la jueza británica a cargo del proceso de extradición se negó a entregarlo a Estados Unidos por razones de salud física y mental.

Sin embargo, decidió que debe esperar en la cárcel por el resultado de la apelación presentada por los fiscales norteamericanos.

La abogada Jennifer Robinson, del equipo legal de Assange, apuntó que ese juicio todavía no tiene fecha, y denunció que su cliente vive en condiciones muy difíciles en la prisión de Belmarsh, sin recibir visitas de sus familiares desde octubre pasado debido a las restricciones vigentes por la Covid-19.

Al igual que Hrafnsson, Robinson también señaló las implicaciones del caso para todos los periodistas, quienes podrían, dijo, ser extraditados a Estados Unidos en caso de publicar información que le resulte incómoda.

De ser entregado a la justicia estadounidense, Assange enfrentaría 17 cargos de espionaje y uno de conspiración para cometer piratería informática, que en total conllevan una sentencia máxima de 175 años de cárcel.

Las acusaciones tienen como base la publicación en WikiLeaks de miles de archivos secretos que pusieron al descubierto crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses en Iraq y Afganistán.

También incluyeron valoraciones comprometedoras hechas por diplomáticos del Departamento de Estado norteamericano sobre gobiernos y líderes políticos extranjeros, entre otros documentos.