Transcurridos unos meses desde el triunfo de los barbudos en enero de 1959, y al cabo de dos jornadas de trabajo del Consejo de Ministros, fueron promulgadas entonces la Ley de Reforma Urbana y la Ley de Solares y Fincas de Recreo.

Su principal propósito era entregar la propiedad de las viviendas a las familias que las vivían, prohibir el desahucio y garantizar una vivienda digna a cada ciudadano.

Aquel 14 de octubre, según la historiografía, se concretó de manera formal el Programa del Moncada, contenido en la autodefensa de Fidel Castro por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en el oriente cubano.

La propiedad y explotación de la tierra, la industrialización, el desempleo y la educación, salud y vivienda, fueron identificados como ejes de trabajo para transformar la realidad de la nación.

Respecto a los problemas de la vivienda, Fidel afirmó en la autodefensa que en Cuba había «200 mil bohíos y chozas» y «400 mil familias» hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin elementales condiciones de higiene.

«Dos millones doscientas mil personas de nuestra población urbana pagan alquileres que absorben entre un quinto y un tercio de sus ingresos, y dos millones de nuestra población rural y suburbana carecen de luz eléctrica», señaló.

Particularmente, la Ley de Reforma Urbana tuvo antecedentes en cuerpos legales similares dictados por el Gobierno de la Revolución, como la suspensión las rebajas de alquileres y la creación del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda.

Como consecuencia de su aplicación y otras medidas adoptadas, creció el número de viviendas, disminuyó el hacinamiento y cambiaron las desproporciones del fondo habitacional entre las zonas rurales y las capitales provinciales.

De la insalubridad y la inseguridad por los desahucios, de las más de 700 mil casas en mal estado, se avanzó hasta la construcción de casi ocho mil viviendas en apenas dos años, de acuerdo con datos oficiales de 1962.

Y así, creció el fondo habitacional del país; incluso, cambió la manera de valorar la calidad de la vivienda (relacionada con la infraestructura, logística y características medioambientales de su entorno), si bien a la aspiración que dio vida a la Ley todavía le falta camino para concretarse ciento por ciento.