Las Tunas.- Reconocer la presencia de la discriminación, la violencia y el acoso laboral y los daños que provoca para la dignidad de los seres humanos es uno de los mayores aportes del Decreto No. 96, aprobado recientemente, como instrumento jurídico que protege a los trabajadores cubanos a partir de la identificación, prevención, control, asistencia y capacitación de todos los sujetos vinculados al espacio profesional.

El presidente de la Unión de Juristas de Cuba, UNJC en Las Tunas, Sergio Vargas Esperance, destacó en Tiempo 21 la importancia de difundir su contenido para que todos los implicados sepan discernir cuando son víctimas y sepan defender sus derechos.

«Son tres términos diferentes pero creo que tienen una estrecha relación entre sí. El concepto base es la discriminación porque incluso toda acción discriminatoria también es violencia y todo acoso laboral está pregnado por la violencia ya sea de sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, incluso origen étnico, color de la piel o creencias religiosas. Y se identifica cuando la administración realiza actos contra un determinado trabajador con argumentos que realmente no son sustentables y se nota que con esa persona se actúa de una manera distinta a como se trata a otras con características semejantes».

Explicó que «el acoso se sienten en las amenazas, los aislamientos, las humillaciones repetitivas, incluso persecuciones y otras formas de maltrato en circunstancias vinculadas al trabajo. O sea que el argumento que establece la administración para tener una conducta agresiva con ese trabajador, no se justifica, desde el punto de vista jurídico».

Sobre las herramientes que este nuevo decretro pone en manos de los empleados añadió que puede escoger la vía administrativa, puede hacer la reclamación al Órgano de justicia de su entidad o también a través de la Fiscalía. Para ofecer asesoría sobre el tema en la Central de Trabajadores de Cuba y también las oficinas del Bufete Colectivo, hay abogados especializados en la materia.

Corresponde ahora a los trabajadores, a la organización sindical, a los jueces, a los abogados y a las autoridades administrativas denunciar las actitudes negativas que laceran sus derechos.