Dentro de los puntos en el Acuerdo hay aspectos relacionados con la creación de mecanismos que permitan frenar el asesinato sistemático de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes en proceso de reincorporación, señala el texto.

Otro reclamo a la administración de Duque es que atienda el pliego nacional de emergencia construido en el contexto de la pandemia de la Covid-19.

Dicho pliego contiene medidas concretas para garantizar que los colombianos puedan ser atendidos integralmente, oportuna y dignamente frente a las diversas complicaciones de salud derivadas de esa enfermedad.

Los representantes del Comité proponen para ello, una renta básica para millones de familias que no pueden afrontar con dignidad y derechos la pandemia, medidas que detengan las violencias basadas en género incrementadas exponencialmente en el actual contexto.

Piden asimismo la gratuidad en la educación superior para que millones de jóvenes no se vean obligados a desertar el sistema educativo lo cual profundizaría más la desigualdad en el país.

Además, exigen medidas urgentes para proteger la producción nacional no sólo como un elemento central para conservar el empleo sino también para garantizar el abastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad.

Denuncian que, en medio de la más grande y visible brutalidad policial en el contexto del paro, el gobierno se muestra indolente con la sistemática vulneración de derechos humanos cometidos directamente por agentes de la policía y su actuación cómplice con grupos de civiles armados.

El Comité Nacional de Paro fue constituido en 2019 y está integrado por organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, ambientales, estudiantiles, mujeres, educadores, de derechos humanaos, cooperativas, pensionados, pescadores, mineros, cultivadores de coca, arte y cultura, recicladores, entre otros.

Después de casi un año de presentado el pliego de emergencia (el 20 de junio de 2020), y de no obtener respuesta, ni disposición para discutirlo, y ante los regresivos proyectos de ley de reforma a la salud y de reforma tributaria, el Comité convocó de nuevo paro nacional el 28 de abril pasado.

Enfatiza el colectivo que el paro es consecuencia de la crisis social y no el origen de la crisis como lo presenta el Gobierno.

Las cerca 13 mil movilizaciones en 800 de los mil 100 municipios de Colombia, reflejan la gravedad y urgencia de la situación, enfatiza el informe.