La mesa de trabajo se reunirá este martes de forma virtual para conocer la solicitud que, de ser calificada, comenzará a tramitarse en el Legislativo.
El pedido de enjuiciamiento político contra Sommerfeld fue planteado por la asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Jhajaira Urresta, después de que el Gobierno de Daniel Noboa irrumpiera en la Embajada de México en esta capital, el pasado 5 de abril, para detener al exvicepresidente Jorge Glas.
La solicitud de juicio político contra la canciller ecuatoriana se conocerá de manera anticipada luego de que asambleístas de la RC y del Partido Social Cristiano (PSC) retiraran las firmas para enjuiciar políticamente a tres exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
Tras archivar los procesos contra Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior y Pablo Arosemena, exministro de Economía, Fiscalización aceleró el trámite para enjuiciar a Sommerfeld.
Mientras tanto, Noboa defendió a su canciller y acusó a los asambleístas de la RC, el PSC y Construye de ponerse de acuerdo para “bajarse” los juicios contra Arosemena, Corral y Montalvo para adelantar la interpelación de Sommerfeld.
Para el mandatario esa es una maniobra que busca “apresurar un juicio contra la mujer que ha tenido que tomar decisiones diplomáticas que nadie más se habría atrevido: Gabriela Sommerfeld”.
La ministra también se pronunció en la red social X y agradeció la confianza de Noboa, que la “obliga a no temblar” y a “seguir adelante sin miedo”.
La canciller Sommerfeld ha sido cuestionada por grupos políticos en la Asamblea a raíz de la crisis con México, país que rompió relaciones diplomáticas tras el asalto a la sede de su embajada, el pasado 5 de abril, para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en la legación.
En los últimos días, Noboa y la Asamblea han tenido enfrentamientos, incluso este sábado el gobernante arremetió contra los parlamentarios por el trámite para aplicar las reformas derivadas de la consulta popular, entre ellas el aumento de las penas contra delitos vinculados al crimen organizado.
